El PP andaluz acusa a Susana Díaz de no recuperar 132.000 millones de las antiguas pesetas.

A su vez el PPA acusa a la presidenta de la Junta de privar de sus derechos a los parados andaluces, de la perdida de 46,9 millones de euros y de mentir respecto a sus decisiones y su marido.

El PP andaluz hace responsable político de los Cursos de Formación a Susana Díaz, Chaves, Griñán y otros 30 ex altos cargos de la Junta en su propuesta de conclusiones en la comisión de investigación. Entre estos altos cargos se encuentran Jose Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila, Manuel Recio, Luciano Alonso o los actuales consejeros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Empleo, José Sánchez Maldonado.

La diputada Teresa Ruiz-Sillero ha hecho un resumen ante los medios de las conclusiones del Partido Popular donde añade a la lista de responsables políticos a ocho delegados de Empleo, seis directores generales de Formación Profesional para el Empleo, así como varios, un total de ocho, viceconsejeros de Empleo y directores del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y un director general de la FAFFE.

La diputada del PP responsabiliza políticamente a Susana Díaz por la falta de colaboración de la Administración que rige con la comisión de investigación del Parlamento andaluz, por ocultar información sobre FAFFE y por haber paralizado durante 5 años la Formación Profesional para el Empleo con el consiguiente perjuicio para los desempleados andaluces “a los que se ha privado de un derecho”. El Partido Popular responsabiliza a Susana Díaz de haber perdido 46,9 millones de euros (7785 millones de las antiguas pesetas) por “la participación activa en la recepción de fondos para el PSOE a través de las sedes de UGT, por el conocimiento de las irregularidades” y tratar de ocultarlas como, según el PP, revela la dimisión de Rafael Velasco, secretario de Organización socialista, por la implicación de su esposa en los cursos de formación.

A su vez culpan a Susana Díaz de no haber reclamado y recuperado el multimillonario importe del fraude y de la perdida de transferencias para la formación por valor de 800 millones de euros (132.000 millones de las antiguas pesetas) por el “reparto de subvenciones sin control” y por “faltar a la verdad en sus relaciones familiares que podrían haber influido en su toma de decisiones” sobre los cursos de formación, aludiendo a su marido y a un concuñado de la presidenta de la Junta.

Según el PP Chaves y Griñán son responsable de “un modo de gobernar” que propició “ un reparto de subvenciones sin control a través de unas medidas excepcionales” para favorecer a una “red clientelar”.

A la consejera María Jesús Montero la responsabiliza de tener conocimiento de todas las irregularidades a través de los informes que las describían y de no haber hecho nada para que se revisaran las subvenciones y se sancionara a los responsables del multimillonario fraude.

Al resto de altos cargos políticos los culpa de conocer las irregularidades, de favorecer el fraude, de provocar falta de medios en el control de éstas, de abstenerse de revisar los casos irregulares y de ignorar los informes de la Cámara de Cuentas y de los interventores que alertaban del enorme entramado irregular.

Según Ruiz-Sillero, “paradojas del destino” han hecho que la presentación de estas conclusiones del Partido Popular coincidan con el auto de fiscalía anticorrupción sobre el caso de los ERE. Según Teresa Ruiz Sillero ambos casos tienen “esquemas paralelos” sobre “la manera de Gobernar el PSOE de Andalucía; con el modo de repartir fondos públicos con falta de control y concediendo subvenciones de manera nominativa a una red clientelar ligada al PSOE para obtener réditos políticos”

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