El PP recusa a la juez del caso Formación por entregar audios supuestamente manipulados

Según el PP estos audios afectan al PSOE andaluz y son fundamentales para la incriminar a 24 ex altos cargos del Gobierno andaluz.

El Partido Popular recusa a la juez María Núñez Bolaños por negar el acceso al PP al testimonio de las grabaciones audiovisuales que comprometen la instrucción del caso Formación. El PP andaluz presentó queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que según dicho partido algunos audios facilitados a las partes por la juez tenían partes “defectuosas, incompletas y contrarias al texto de las actas”. Estas grabaciones recogen las declaraciones de los interventores de la Junta de Andalucía y al parecer están editadas o manipuladas.

El PP presentó el pasado 15 de septiembre ante el CGPJ un recurso solicitando la recusación de la magistrada por extralimitarse en sus funciones “arrogándose la Sra. Magistrada-juez unas competencias que no le son propias y que legalmente vienen atribuidas a la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) con exclusividad y plenitud”. El Partido Popular dice que es la secretaria judicial la que debe responder y facilitar los audios a su petición del 19 de julio y del 1 de septiembre y no la juez ya que “custodiar el documento electrónica que sirva de soporte a la grabación” corresponde a la secretaria judicial según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el auto del pasado 15 de julio la juez Núñez se opuso a entregar las copias de las grabaciones. Según el PP andaluz dicho auto sería nulo de pleno derecho “al haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente” y por ello recusa a la magistrada.

Estas grabaciones que están en el centro del debate jurídico son claves para saber si ex altos cargos de la Junta cometieron o no delito. Según el PP uno de los audios está cortado, el testimonio de Miguel Ángel García Bermúdez, interventor de Huelva, que informó del riesgo de menoscabo a los fondos públicos tras muchas irregularidades a la hora de justificar las ayudas a los cursos. El audio se corta justo cuando Lourdes Fuster, abogada del Partido Popular, comienza a preguntar al interventor. En ese justo momento, la juez, supuestamente, dijo “deje de preguntar por delitos, que aquí no hay delitos”.

Según el PP existe una intención de la juez de negar dichos testimonios y asegura en su escrito que la magistrada “tiene especial interés” en no darles los audios solicitados al PP porque “puede influir”, tras la denuncia del partido, en las diligencias informativas abiertas por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ.

En el recurso los populares acusan a la magistrada de no ser imparcial al atribuirle dos faltas muy graves: su presunta intención de archivar la pieza política de los cursos de formación, la cual fue filtrada a los medios, y la falta de motivación de los autos que ha emitido. Entre estos actos está el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra Rafael Velasco, exvisecretario general del PSOE andaluz.

En el escrito de recusación, el abogado del PP expone: “promovemos formalmente la recusación de la magistrada juez titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, doña María Núñez Bolaños, al concurrir la causa de abstención. (…) No sólo tiene interés en el asunto de que se trata, al ser la autora material del auto de 15 de julio de 2016, que se arguye como excusa denegatoria de las certificaciones interesadas, sino que también tiene especial interés en otro en cuya resolución puede influir”.

Este recurso es el último encontronazo entre el PP y la juez Núñez que sustituyó a Mercedes Alaya tras el ascenso de ésta última a la Audiencia Provincial en junio de 2015.

Fuentes judiciales afirmaron que iba a cerrar la causa durante la campaña de las generales del 26J quedando testigos por declarar y diligencias solicitadas por las partes sin tener respuesta de la magistrada.

Los audios afectan directamente a la pieza política del caso Formación que daña gravemente al Gobierno del PSOE andaluz. Alaya imputó a 24 ex responsables del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), detenidos durante la Operación Barrado argumentando que desde la Consejería de Empleo se daban “órdenes” a las delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero” que se repartía entre empresas y entidades para dar los cursos.

Compartir