Se abre juicio oral por los cursos de Formación

Entre las facturas que justificaban el fraude había de una empresa de productos lácteos y huevos como suministradora de material didáctico.

Se abre juicio oral en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Sevilla contra 9 imputados por presuntos delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil. Entre los investigados está el empresario José Sivianes Sánchez de Formación Integral Para el Empleo y su esposa por organizar una supuesta trama para captar 5,6 millones de euros de subvenciones para la formación desde los años 2010 a 2012 que presentan muchas irregularidades.

La magistrada afirma que “gran parte del dinero defraudado se canalizó” a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas, y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios”y concluye que la Inspección de Hacienda “ha estimado que para los ejercicios fiscales del 2011 y 2012 se ha realizado una efectiva defraudación superior a los 120.000 euros, para cada ejercicio, y tanto en la declaración del IRPF como en la tributación correspondiente al impuesto de sociedades”.

La juez ve indicios de fraude “por haber falseado las condiciones requeridas para la concesión de las mismas en un importe superior a los 120.000 euros y delito continuado de falsedad documental” e indica que la empresa “tenía contratado un contable que sabía justificar cursos de formación y, llego a tener hasta tres contables (…) “es posible al amparo del sistema que regula la Orden de 23 de octubre del 2009, art 102, que desarrolla el Decreto 335/2009 (…), limitándose la Administración a una comprobación formal del dinero empleado, es decir que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas”.

Por ello afirma que los beneficiarios de Formación Integral para el Empleo S.L. “no estaban obligados a aportar a la administración las facturas sino sólo obligados a almacenar las mismas y, presentar, simplemente, un informe de auditoria externa que ellos mismos pagan con cargo a las subvenciones obtenidas”. Para justificar los gastos el empresario imputado presentaba facturas de una empresa, Vicafer Gestión S.L., dedicada al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles como proveedora de material didáctico. 

La magistrada ha establecido una fianza de 3 millones de euros para el empresario y su esposa, y de 20.000 euros para cada uno del resto de 7 acusados.

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