Seis ex altos cargos de la Junta encausados por prevaricación y malversación

El juez imputa a un total de 16 personas dentro del caso de los ERE de Surcolor.

El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla mantiene que hay indicios para imputar a 16 personas por un delito continuado de prevaricación y malversación. Entre estas personas están Antonio Fernáncez García, exconsejero de Empleo, Agustín Barberá Salvador, exviceconsejero de Empleo, así como los directores generales de Trabajo: Francisco Javier Guerrero Benítez, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Márquez Contrersa y el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas Sánchez.

A su vez imputa a un representante sindical, a un miembro de Estudios Jurídicos Villasis, dos dueños de la empresa Surcolor y a dos directivos de Vitalia.

El juez investiga los hechos acaecidos entre los años 2006 y 2010 respecto a la concesión de ayudas de la Junta a las empresas Surcolor S.A y Surcolor Óptica S.A. “la ausencia de un procedimiento regular de concesión de ayudas, la ausencia de criterio para su concesión, de las cuantías concedidas y del control del destino, la presencia de intrusos y el empleo de las mismas para el pago de facturas a terceros, para concluir que se postergó el servicio de los intereses generales en favor de los de terceros, que ello se hizo con total oposición a la Ley y al Derecho y con una total falta de objetividad”.

El auto fundamenta el presunto delito de prevaricación al encontrar “el concurso de una pluralidad de autoridades y funcionarios públicos, tal como se les define en el Art. 24 del Código Penal, que, mediante un concierto expreso o tácito, han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones, sin que se les pueda dar una explicación mínimamente razonable, si no es la de pretender eludir dichos procedimientos”.


Sobre la malversación el magistrado aprecia “una pluralidad de autoridades o funcionarios que han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos”.
(…) la ayuda de la Junta realmente no fue destinada a los trabajadores, sino a la empresa, para que ésta pudiera responder a los compromisos alcanzados con ellos en el CEMAC (…) el total de las indemnizaciones reconocidas a los trabajadores (24) fue de 1.537.162, 03 euros, a pesar de lo cual, mediante la póliza se comprometió el pago de 2.674.175,83 euros”.

El magistrado dispone que siga la tramitación de la cusa y pide a las acusaciones que en 15 días formulen escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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