La Iglesia sigue apropiándose de edificios que fueron públicos

En 1931 los templos católicos españoles fueron declarados “pertenecientes” al Estado. Esta hecho jurídico pone en duda las inscripciones registrales que los obispados están realizando para la Iglesia Católica.

Aznar estableció el derecho de inmatriculación que mantuvo Zapatero entre los años 1998 y 2015. En ese periodo hubo una gran cantidad de inmatriculaciones por la Iglesia Católica. El Gobierno de Mariano Rajoy ha eliminado ese derecho por los problemas que generaba su aplicación al inmatricularse propiedades con certificaciones de los obispos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto en duda las inmatriculaciones gracias a una sentencia que se ha realizado en base a “la legislación interna sin justificación aparente”.

El decreto de 1931 otorgaba 36 catedrales, 24 monasterios, 18 conventos, cinco capillas y más de 200 iglesias al Estado siendo declarados “monumentos histórico-artísticos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional”. Incluía también a 73 castillos, 21 palacios, 62 ruinas y restos prehistóricos quedando “bajo la tutela y protección del Estado”.

Entre los numerosos templos inscritos por la Iglesia Católica se encuentra por ejemplo la Colegiata de Alquézar (Huesca) donde la comunidad autónoma aragonesa había invertido 1,8 millones en su conservación.


El Tribunal Supremo dictaminó durante el franquismo que el hecho de que un edificio fuera lugar de culto no indicaba que fuera propiedad de esa confesión religiosa.

Entre los años 1931 y 1985 tuvo vigencia la Ley sobre Enajenación de Bienes Artísticos, Arqueológicos e Históricos de Más de Cien Años de Antigüedad, que, prohibía el traspaso de “ningún inmueble ni objeto que haya sido declarado del Estado por las leyes desamortizadoras, aunque en la actualidad esté al cuidado de las autoridades eclesiásticas”.

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