El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández niega su responsabilidad en los ERE

Antonio Fernández, que se enfrenta a más de 8 años de cárcel por varios delitos, echa la culpa a un subordinado y niega toda responsabilidad

Uno de los 26 altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza principal del caso ERE, Antonio Fernández, ex consejero de Empleo, acusa a un subordinado de ser el responsable de las presuntas irregularidades que ha desvelado la instrucción y afirma que no recibió “alertas” de la Intervención de que hubiera incumplimiento de la ley o de riesgo de menoscabo de fondos públicos.

En su escrito de defensa, el consejero andaluz de Empleo entre los años 2004 y 2010 expone esta teoría tras la apertura de juicio oral en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el reparto de 941 millones de euros, 156.206 millones de las antiguas pesetas, del fondo de reptiles entre los años 2000 y 2011.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Fernández 8 años de cárcel por malversación y 10 años de inhabilitación por prevaricación. El acusado niega en su escrito estos delitos, al igual que el de asociación ilícita, introducido por el PP andaluz, por el cual le piden dos años de prisión.

El ex consejero ve “desmesurada y absurda” la tesis de la acusación de que hubo en Andalucía “un sistema oculto, desviado de la legalidad y ajeno a toda clase de control” para la concesión arbitraria de ayudas públicas para beneficiar a los “políticamente próximos”.

En su defensa dice que “no intervino directamente” en el diseño del sistema de ayudas y que “se limitó a continuar” la estrategia de la Consejería en la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con el “conocimiento” que le daba la experiencia y la “convicción personal” de que nadie había cuestionado la legalidad de las actuaciones. “De haberse producido, éstas jamás fueron conocidas por el señor Fernández”, afirma su abogado.

Sobre la actuación de Javier Guerrero, director general de Trabajo declara: “jamás” recibió detalles de las subvenciones concedidas “ni en los consejos de dirección de la Consejería, ni en despachos siendo viceconsejero o consejero. (…) El señor Fernández depositó confianza en el buen hacer del inferior jerárquico (DGTSS), titular de la competencia para conceder las ayudas (…), y no tuvo conocimiento ni consintió en relación a cualesquiera presunta irregularidades o excesos hipotéticamente producidos. (…) Entender que el señor Fernández debiera haber tenido conocimiento de expedientes concretos de la Dirección General de Trabajo o, mucho menos, intervenido en su tramitación es sencillamente desconocer realidades básicas del normal actuar en la Administración; y desde luego que presumirlo contra reo resultaría contrario a las exigencias del derecho al proceso debido (…) Las eventuales desviaciones que, en su caso y si así fuere, hayan podido cometerse por su subordinado el director general de Trabajo en cada época no entraban dentro del dominio del hecho del señor Fernández, que hubo de confiar y siempre confió en la adecuación a la legalidad de la actuación de aquél”, sostiene.

Su letrado sí admite que la concesión de estas ayudas debió hacerse mediante “decreto”, como finalmente tuvo que hacer el Gobierno de José Antonio Griñán tras estallar el multimillonario escándalo, lo que “hubiera posibilitado armonizar las competencias normativas de la Comunidad Autónoma ex artículo 13.22 del Estatuto (‘asistencia social’) con la atribución de la gestión a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, tal y como se venía realizando tradicionalmente y como preveían las Leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma en sus programas de gasto”.

Antonio Fernández, a quien la juez Mercedes Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de más de 807,4 millones de euros en mayo de 2012, también está procesado en las piezas finalizadas de las ayudas a las empresas sevillanas Acyco y Surcolor donde también se enfrenta a varias peticiones de penas de cárcel, así como inhabilitación y responsabilidad civil subsidiaria, por delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

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