Miles de enchufados en una sola fundación de la Junta

Familiares enchufados y cerca de 9.000 contratos con flagrantes irregularidades en la fundación Faffe de la Junta salen a la luz tras una auditoria.

Familiares de importantes dirigentes del PSOE andaluz fueron ‘enchufados’ en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Durante ocho años y medio, esta fundación fue una maquinaria para el ‘enchufismo’ de miembros de la familia del ex consejero Gaspar Zarrías, del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, o del alcalde de Sevilla, Juan Espadas y sobre todo de Joaquín Morales y Fernando Villén, directivos de Faffe.

La esposa, una cuñada, un sobrino y un hermano de Villén así como una hermana y un cuñado de Morales fueron trabajadores de Faffe mientras Villén era director general.

Según una auditoria hay 8.844 contratos con irregularidades en tan solo dos años y medio entre los años 2009 y 2011. En los 56 folios que la Junta ha entregado de los 220 que debía entregar, los auditores han hallado una auténtica maquinaria para enchufar dentro de Faffe.

Teresa Ruiz Sillero, portavoz de Empleo del PP-A, ha declarado que se contrataba a dedo y sin tener en cuenta los principios de publicidad, objetividad, igualdad, mérito, capacidad y no discriminación.

Según el PP, el 60% de los contratos analizados se realizaron sin publicidad, se fraccionaron contratos para eludir los controles mientras se incrementaba sin parar la plantilla de la fundación. El gasto en nóminas era del 60,57% en 2010. Ademas Faffe contrató con Umax, empresa implicada en el fraude multimillonario de los ERE. Tres ex directores generales de la Junta están imputados por contratar al menos a 44 trabajadores a través de Umax.

El PP exige la “inmediata” entrega de toda la auditoría “y que no nos oculten más información, que nos den explicaciones de cómo se manejó el presupuesto de la Faffe, cómo se daban esos contratos y cómo se contrataban a esas 8.844 personas en dos años y medio sin que se cumplieran los requisitos exigidos por la ley”.

Esto explica según la diputada Ruiz Sillero “por qué no se envió la autoría” al Parlamento.

Compartir