Redacción - 5 de junio de 2020
La Guardia Civil pidió sin orden judicial a un supermercado que no eliminara las imágenes de sus cámaras de seguridad de Pablo Iglesias comprando sin mascarilla.
Según publica Infolibre, fuentes oficiales confirman estos hechos que tuvieron lugar a finales de abril después de que algunos medios se hicieran eco de las imágenes del vicepresidente segundo del Gobierno comprando en un establecimiento.
El diario afirma que este incidente puso en alerta en la cúpula de Interior sobre el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, que fue posteriormente destituido.
Según dijo el ministro Fernando Grande-Marlaska, su cese no fue por negarse a informar sobre el contenido de un informe que varios oficiales de la Guardia Civil hicieron como Policía Judicial sino por no informar sobre el desarrollo de las diligencias desde un punto de vista operativo.
El polémico informe, presenta numerosos errores y fue enviado a la juez que posteriormente imputó al socialista José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, por permitir la manifestación del 8-M.
Las fuentes consultadas de carácter oficial consultadas por Infolibre no saben quién, sin intervención judicial, envió agentes del puesto de Galapagar, donde viven Pablo Iglesias e Irene Montero, a pedir, como avanzó El Periódico, dichas cintas al supermercado.
Lo que sí no tienen dudas en Interior según Infolibre es de que Pérez de los Cobos, el coronel cesado, fue quien, al negarse el supermercado a entregar dichas imágenes de Iglesias, dio instrucciones para que le fuese trasladado al supermercado: que se abstuviera de destruir los vídeos en previsión de que se les pudiesen requerir más adelante.
Cabe resaltar que la Ley de Protección de Datos solo permite conservar ese tipo de imágenes durante 30 días.
Este diario no ha conseguido la versión de lo ocurrido del coronel ni tampoco de la gran cadena de supermercados que posee dichas imágenes.
Esta decisión de Pérez de los Cobos fue un duro golpe en el ministerio de Grande-Marlaska ya que se preguntaban el por qué requería la Guardia Civil dichas imágenes si no había denuncia alguna, ni actuación judicial de oficio o una eventual reparación por el daño a su imagen.
En el segundo informe realizado tras los errores del primero, los agentes adjuntan el vídeo de Irene Montero hablando en privado con una periodista sobre las manifestaciones del 8-M. Pablo Iglesias aparece reflejado en el segundo informe entregado a la jueza.
La Guardia Civil, durante la toma de declaración a testigos, preguntó a una funcionaria de la Delegación de Gobierno, si sabía algo de una concentración ante los dirigentes de Unidas Podemos, Iglesias y Montero que había sido prohibida. La testigo afirmó ignorarlo. Sin embargo otro funcionario, de mayor rango, sí había confirmado horas antes que se había prohibido una protesta en las inmediaciones del chalé del vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad.
Infolibre asevera que fuentes consultadas ajenas a Interior mostraron su absoluta sorpresa porque no les constaba que ninguna concentración fuese prohibida de las numerosas que ocurren en dicho lugar.
La Guardia Civil, en su informe, incluye el dato para demostrar una de sus tesis:
Si hubo dicha prohibición de la protesta para salvaguardar el derecho a la seguridad y la intimidad de Iglesias y Montero, la Delegación del Gobierno también debió prohibir la manifestación feminista del 8 de Marzo.
El diario afirma a su vez que no ha podido corroborar por vías oficiales si tal concentración prohibida existió.
Tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) aseveró en Twitter que el jefe del Estado llevaba un tricornio en la solapa.
