Sin eufemismos

Huelga general en Francia contra la reforma laboral de Emmanuel Macron, el Albert Rivera francés

Hoy, 12 de septiembre, un total de 160 acciones tendrán lugar en todo el territorio francés como parte de una huelga general contra la reforma laboral impulsada por su gobierno, que preside el ultra-liberal Emmanuel Macron.

 

“Tenemos registradas ya 160 manifestaciones en el conjunto del territorio nacional”, anunció el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) Philippe Martinez. Estas manifestaciones se convocan con el fin de mostrar la oposición al nuevo Código del Trabajo que el presidente Emmanuel Macron pretende aprobar por decreto.

Martinez agregó que tras esta primera jornada, convocarán a un segundo día de protestas para lograr una movilización ciudadana de peso, que tendría lugar antes de la demostración prevista para el 23 de septiembre y organizada por el movimiento izquierdista Francia Insumisa.

En los últimos días nuevas organizaciones políticas y sindicales confirmaron su asistencia a la protesta del próximo martes, incluida la Federación Sindical Unitaria (FSU) y el movimiento 1 de julio (M1717), del ex candidato presidencial Benoit Hamon.

En un comunicado, la FSU llamó a sus afiliados a participar masivamente en la huelga con el fin de oponerse al ‘cuestionamiento de los derechos sociales de los asalariados’.

De acuerdo con el texto, la FSU ‘comparte las inquietudes y preocupaciones de las organizaciones que condenan esta reforma, que atenta contra los derechos bajo el pretexto de la flexibilidad y la adaptación del mercado de trabajo’.

La organización fustigó a un gobierno que ‘lleva a cabo una política liberal dura, con consecuencias tanto para los empleados del sector privado como del sector público, y que pone en crisis nuestro modelo social’.

La intención del Gobierno de aprobar por decreto un nuevo Código del Trabajo despierta una tensa controversia en esta nación europea, donde una parte del empresariado se declara a favor de la iniciativa.

Por otro lado, los sindicatos y varios grupos políticos se oponen rotundamente, pues consideran que la reforma solo servirá para fragilizar los derechos de los trabajadores y dejarlos más vulnerables frente a los patrones.

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