Sin eufemismos

La UDEF ve organización criminal en las empresas del exconsejero Ángel Ojeda

Según la Policía, el Grupo Pescal jusfificaba de forma irregular las millonadas que recibía de la Junta

Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta, ha sido salpicado de nuevo por el multimillonario fraude masivo de los cursos de formación de su entramado empresarial Grupo Pescal.

Un nuevo atestado de la UDEF, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, detalla irregularidades a la hora de justificar la financiación de los cursos y ha sido entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que detalla los métodos de las empresas de Ojeda para justificar las decenas de millones de euros que recibía de la Junta. 

Según informa Europa Press, los investigadores afirman que “queda demostrada la existencia de facturación circulante entre las diversas entidades afines al Grupo Prescal, facturación que pudiera haber sido utilizada para llevar a cabo la justificación económica de los cursos de manera ficticia o inflando los costes reales de la realización de los mismos”.

Al volcar el material informático de Prescal y Forme, empresas del exconsejero de la Junta, los agentes de la UDEF indican que “nuevamente, queda reflejado que Serpro era un ente más de Prescal, así como el volumen de fondos por hora facturada por cada docente que retornaba a Prescal (aproximadamente el 50% de media) (…) la facturación excesiva, aunque no la pagaban a los docentes, en detrimento, entre otros, de los propios alumnos. (…) El docente sería obligado a facturar por unas horas por las que no iba a cobrar ni tan siquiera el precio (…) lo que supone beneficio neto para Prescal” señalan los investigadores.

A su vez se ha demostrado de nuevo que existe una “caja única” dentro del Grupo Prescal de Ojeda “como queda claro en los movimientos bancarios analizados, en el que se visualiza como se traspasan fondos de unas cuentas a otras, tituladas por distintas empresas, en función de las necesidades de liquidez de cada una de ellas. (…) Se vuelve a confirmar la práctica de irregularidades –como firmar sin asistir o cambio de facturas— para conseguir el cien por cien de la justificación económica, así como el cambio en el sistema de contratación, a través de Serpro. (…) Han quedado plasmadas las diferentes técnicas utilizadas por Prescal para lograr la justificación económica de los cursos subvencionados en un cien por cien, como son la solicitud a proveedores de que modifiquen las facturas, así como la generación de presupuestos a medida por parte de proveedores y docentes”.

Sobre las facturas modificadas “se ha podido observar que el cambio más habitual era cambio de conceptos para ir cuadrando las cuentas, imputando facturas a cargo de unos u otros cursos en función de la cantidad pendiente de justificar en cada uno, atendiendo también, en algunos casos, a la fecha de finalización del curso”.

Otro de prácticas habituales para cambiar las facturas era introduciendo el término “material en alquiler, facturando siempre servicios y no bienes tangibles, o material consumible”.

Además, en el caso de presupuestos de proveedores y ofertas docentes “ha quedado plasmado que se solicitaba a diversos docentes y proveedores que facilitaran presupuestos, aunque la acción formativa ya había finalizado, detallando el concepto y el precio a reflejar en cada uno de ellos, cumpliéndose así con el requisito de presentar diferentes ofertas cuando el importe excedía de determinadas cantidades” llegando incluso a “falsificar documentación” y añaden los agentes que se “vuelve a observar el aprovechamiento de algunos de los técnicos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del buen ambiente con las empresas afines a Prescal para, entre otras cosas, colocar a amigos”, concluyen la Policía.

A su vez, en el atestado se indica que R.M.N. y M.C.O.M., ambas trabajadoras del Grupo Prescal, participaron poniendo de manifiesto “un compromiso por encima del que se puede considerar normal, máxime cuando eran conscientes de las irregularidades que cometían con su actuación, aunque fuese incitada por los máximos responsables del grupo empresarial”.

Por ello existen indicios de su participación según la UDEF en delitos de organización criminal, fraude en subvenciones y falsedad documental.

Según confirman los correos electrónicos, R.M.N. pedía a los trabajadores del grupo que obtuvieran presupuestos y ofertas docentes para justificar los cursos participando en la justificación de los cursos mediante todo el entramado empresarial del exconsejero.

Estos documentos “no servían más que para engañar a la Junta para conseguir cobrar el cien por cien de las subvenciones, buscando con ello el beneficio superior de la organización liderada por Ángel Ojeda”.
Por otro lado, M.C.O.M trabajaba en Antequera como técnico de formación para la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente-Natura reflejando según la policía “un claro exceso en su implicación y en la consecución de los objetivos del grupo, independientemente de los métodos utilizados”. Desde su posición, “falsificaba o consentía que se alteraran los partes de asistencia a los cursos, con la finalidad de evitar las ‘caídas de alumnos’”.

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